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ExamenEl Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado este jueves en las Cortes el nuevo proyecto de presupuestos para 2017, que asciende a 8.941 millones de euros, lo que supone unos 22 millones más que el texto anterior que fue rechazado, pero contempla modificaciones por unos 60 millones fruto de la negociación.

Con su presentación en las Cortes, que llega tras el principio de acuerdo alcanzado entre el Gobierno autonómico y Podemos, partido que el 7 de abril rechazó junto al PP el anterior presupuesto, la cuentas generales iniciarán por segunda vez su andadura parlamentaria con la previsión de que queden aprobadas el 31 de agosto.

En rueda de prensa tras entregar el proyecto de presupuestos, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, 
Juan Alfonso Ruiz Molina, ha explicado que el proyecto es "exactamente el mismo texto legal que se presentó inicialmente", por lo que no ha sido necesario que el Consejo Consultivo haya emitido dictamen sobre el mismo.

Además, contempla modificaciones por valor de unos 60 millones de euros, de los que 39 corresponden a enmiendas del PP, PSOE y Podemos que fueron incorporadas al texto en la anterior tramitación parlamentaria.


Sobre el acuerdo con Podemos, el consejero ha dicho que no lo quiere "cuantificar", si bien se ha referido al incremento de la financiación de agricultura ecológica en 18,5 millones o a la contratación de docentes interinos durante todo el año y la reducción de horas lectivas en Secundaria y Bachillerato, si bien ha señalado que también son políticas del Gobierno regional.

El consejero también ha destacado que no supondrá "ninguna modificación tributaria", por lo que no aumentan los impuestos, y reserva 120 millones de euros al Plan Integral de Garantías Ciudadanas impulsado por Podemos.

En concreto, el presupuesto sube un 6,2 por ciento respecto al del año 2016, un total de 520,9 millones, y el presupuesto no financiero asciende a 7.170,1 millones de euros, el 4 por ciento más.

Ruiz Molina ha destacado que está diseñado para cumplir el objetivo de déficit del 0,6 por ciento fijado para 2016 y el objetivo de deuda del 35 por ciento del PIB.

 

Consolidación del Estado del bienestar

Siete de cada diez euros están destinados a la consolidación del Estado de bienestar, 13,7 millones de euros al día, lo que supone un incremento del gasto social en un 11,6 por ciento respecto a la legislatura anterior.

Además, contempla invertir cada día 5,5 millones de euros al desarrollo económico y a la creación de empleo, y 1,7 millones a inversiones.



"Aprobar el presupuesto de 2017 nos va a permitir también aprobar las ofertas públicas de empleo", ha celebrado Ruiz Molina, quien ha señalado que en los próximos años se convocarán en educación y sanidad 8.400 plazas, al tiempo que los empleados públicos recuperarán el 1,5 por ciento del salario perdido, la conocida como "tasa Cospedal".

El consejero ha resumido que los tres grandes objetivos son mejorar la calidad vida de las personas, generar más riqueza y empleo, y mantener las cuentas públicas saneadas.

En concreto, se gastarán 2.692 millones de euros en sanidad; 1.626,1 en educación, cultura y deportes; 1.396,9 en agricultura y medio ambiente; 702,3 en servicios sociales; 257,1 en desarrollo económico y empleo; 245,6 en infraestructuras generales, urbanismo y vivienda; 148,4 en servicios de carácter general, y 107 en I+D+i y nuevas tecnologías.

Para deuda pública, imprevistos y funciones no clasificadas, hay una partida de 1.765,2 millones de euros.

Por otra parte, ha destacado que el proyecto de presupuestos contiene un ahorro neto positivo de más de 70 millones de euros, lo que significa que "los ingresos corrientes van a ser superiores al gasto corriente y va a permitir financiar inversiones sin necesidad de acudir al endeudamiento".

Con todo, ha señalado que el nuevo texto se ha diseñado teniendo en cuenta una tasa de crecimiento en 2017 del 3 por ciento, medio punto más que en el primer proyecto, y del 2,6 por ciento para 2018, con lo que se eleva dos décimas de la cifra inicialmente prevista.